Kazuki Atsumi, actor de voz japonés con participaciones secundarias en anime, fue arrestado en Tokio bajo sospecha de agredir sexualmente a una menor de 15 años.

De acuerdo con reportes de medios japoneses, Atsumi tenía 31 años y también trabajaba como empleado en un centro temporal de protección infantil en Adachi, Tokio. Ahí habría conocido a la víctima hace aproximadamente dos años, cuando ella llegó al lugar para recibir protección.

El caso fue reportado por autoridades japonesas después de un incidente ocurrido el 9 de mayo en un hotel de Ikebukuro, en Tokio. Según los reportes, Atsumi admitió la acusación durante el interrogatorio.

Mausu Promotion terminó su contrato con Kazuki Atsumi

Mausu Promotion, agencia que representaba a Kazuki Atsumi, anunció el 21 de mayo que terminó su contrato de representación por una “grave violación de contrato”. En ese comunicado, la agencia no detalló públicamente el motivo de la decisión, pero ofreció disculpas a las personas afectadas y a los involucrados.

Tras la rescisión, el perfil de Atsumi fue retirado del sitio oficial de la agencia.

Atsumi había tenido papeles secundarios en producciones de anime, entre ellas My Dress-Up Darling Season 2 y Tojima Wants to Be a Kamen Rider. Su carrera dentro del doblaje todavía estaba en una etapa temprana.

La policía investiga posibles casos adicionales

El caso también abrió una investigación más amplia por el contexto en el que Atsumi habría conocido a la menor. Según reportes japoneses, la policía revisa si existen otras posibles víctimas relacionadas con su tiempo como trabajador en el centro de protección infantil.

El Gobierno Metropolitano de Tokio también explicó que se están revisando los hechos dentro del centro y que se ofrecieron explicaciones y disculpas a menores y tutores relacionados con la institución.

El caso es especialmente grave porque involucra a una persona que trabajaba en un espacio creado para proteger a menores en situación vulnerable. Por eso, más allá de su relación con el anime o el doblaje, la investigación apunta directamente a las fallas de supervisión dentro de un sistema donde la seguridad de los menores tendría que ser prioridad.