El anuncio de que Sony abandonará el formato físico en enero de 2028 le salió caro. A la oleada de quejas en redes sociales se suma ahora un frente legal serio: la Stichting Massaschade & Consument (SMC), una fundación neerlandesa, le reclama 400 millones de euros a la compañía japonesa por los precios abusivos en su tienda digital.

La denuncia apunta directo al llamado “impuesto de Sony”: esa comisión del 30% que la empresa retiene por cada venta en la PlayStation Store. Para la SMC, que representa a más de un millón y medio de jugadores en los Países Bajos, el cierre de la puerta a los discos físicos significa eliminar la única competencia real que mantenía los precios bajo control.

La presión escala hasta México

El problema no se queda solo en Europa. Diputados en México ya preparan una denuncia antimonopolio bajo la misma premisa: si no hay discos, Sony tiene el control total para fijar precios a su antojo, sin que nadie pueda ofrecer una alternativa más barata. Es un escenario donde el fabricante es dueño del hardware, del software y de la tienda donde se venden los juegos; la definición perfecta de una posición dominante en el mercado.

¿Un callejón sin salida?

Aunque el movimiento legal es fuerte, el panorama no es tan sencillo. La Unión Europea ya se lavó las manos, declarándose incompetente para obligar a un editor a publicar sus títulos en disco. Con Sony cerrando filas hacia un futuro 100% digital, esta demanda podría ser la última oportunidad para que los jugadores tengan algún tipo de protección ante unos precios que, hoy por hoy, dependen exclusivamente de la voluntad de la marca.

Estamos ante un punto crítico. La transición digital es inevitable, pero el costo de eliminar el formato físico le está costando a Sony una batalla judicial que promete ser larga y bastante costosa.