La firma de inversión saudita Electronic Gaming Development Company (EGDC) acaba de subir su participación en Capcom del 5.03% al 6.04%. El movimiento quedó registrado en un reporte oficial presentado ante la Oficina de Finanzas Local de Kanto el 6 de abril. El porcentaje en sí no es enorme, pero el tiempo sí llama la atención: EGDC había comprado ese 5.03% inicial apenas el mes pasado.
EGDC es propiedad de la Fundación Misk, fundada en 2011 por el príncipe saudita Mohammed bin Salman.
No es el único inversor saudita en Capcom
EGDC no viene sola. Ayar Investment First Co., con sede en Riad, ya tenía alrededor del 6.6% de Capcom antes de este movimiento. Sumando las dos posiciones, Arabia Saudita ya controla más del 12% de la compañía, y el ritmo al que están llegando esas compras no es cosa menor.
Por ahora no estamos ante una toma hostil. Las compras van por los canales normales del mercado, de forma gradual. Pero si en algún momento la situación cambiara, Capcom no está sin opciones: puede buscar compradores más afines o abrir la venta de acciones con descuento a otros inversores para diluir la participación de quien quiera tomar el control.
Capcom no es el único objetivo
Arabia Saudita lleva años metiendo dinero en la industria. Inversores de la región ya tienen participaciones en Nintendo, Nexon, Square Enix y el Embracer Group. El caso más extremo es una operación de 55 mil millones de dólares para hacer privada a EA, lo que cambiaría esa compañía de arriba a abajo. Ese tipo de cosas tarda años en cerrarse, pero la dirección es evidente.
Lo que tiene nerviosa a la comunidad
Capcom está en un buen momento: Resident Evil 9 y Monster Hunter Wilds ya salieron, y Pragmata llega el 17 de abril. El miedo de los jugadores no es que los juegos vayan a cambiar mañana, sino a dónde lleva todo esto si las compras siguen. En el subreddit de Fighting Games la reacción fue clara: “Que alguien lo detenga antes de que sea demasiado tarde” y “Es una locura que literalmente no haya nada que nadie pueda hacer para frenar esto.”
Hay dos cosas que preocupan en paralelo: los antecedentes en derechos humanos de la región, y la posibilidad de que tener demasiado peso externo termine influyendo en las decisiones creativas de un estudio que hasta ahora ha funcionado con bastante independencia.